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La tasa Google y sus posibles efectos

Noticias Segarra 0 Irene Castelló BarrachinaIrene Castelló

La tasa Google es un impuesto que tiene como objetivo gravar a las empresas tecnológicas de mayor facturación que prestan servicios en Europa. Se trata de una discutida medida fiscal por los efectos negativos económicos que puede tener para las PYMES y para la competitividad de los diferentes países.

El pasado mes de mayo el Senado francés tomó la delantera en Europa y aprobó este impuesto sobre los gigantes digitales. Por su parte, España también se postula a favor de la implantación de esta nueva tasa, existiendo un anteproyecto de ley desde el 23 de octubre de 2018.

En España esta tasa recibirá el nombre de Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales, afectando exclusivamente a empresas con una facturación superior a 750 millones a nivel mundial y, al menos, 3 millones de euros de facturación en servicios digitales en España. En principio no se quiere que PYMES y Startups vean incrementada su fiscalidad. No obstante, estudios recientes auguran que estas pequeñas empresas usuarias de plataformas digitales verán reducidos sus beneficios entre 450 y 562 millones de euros por la traducción del impuesto en el incremento de sus costes.

¿Qué grava este impuesto?

  • La prestación de servicios de publicidad en línea: se consideran gravados los servicios consistentes en la inclusión en una interfaz digital, propia o de terceros, publicidad dirigida a los usuarios de la misma.
  • Servicios de intermediación en línea: no se gravan las entregas de bienes o prestaciones de servicios, no se grava la compraventa, sino la puesta a disposición de los usuarios de una interfaz digital para interactuar con otros usuarios y facilitar la entrega de bienes y servicios. Es decir, se gravan los marketplaces, las interfaces usadas como medio de comunicación para vender servicios o productos online. Son ejemplos de marketplaces Aliexpress, Amazon, Zalando, Booking, o las plataformas de economía colaborativa como BlaBlaCar.
  • La venta de datos generados a partir de información proporcionada por el usuario en interfaces digitales.

Los servicios gravados son aquellos que no podrían existir en su forma actual sin la implicación de los usuarios, puesto que grava las actividades que monetiza la empresa mediante la participación del usuario, siendo esencial en el proceso de creación de valor.

Se configurará como un impuesto indirecto con un tipo del 3%, estimándose una recaudación de 1.200 millones de euros anuales.

Respecto a los efectos, igual que todos los impuestos indirectos, su implantación tendrá consecuencias negativas para la economía española, sobre todo para el crecimiento de la productividad e innovación de la industria digital.

El impuesto supondrá un mayor coste para los sujetos pasivos (los gigantes tecnológicos), que previsiblemente trasladarán a los precios y, provocará en el corto plazo una disminución del uso de los medios electrónicos para la publicidad y para la compra o transacción de bienes o servicios, alargando la supervivencia de los medios tradicionales para la realización de estas acciones. Parte de esta consecuencia se verá reflejada, igualmente, en la menor digitalización de las PYMES, redundando en una menor productividad, tasa de emprendimiento, I+D e innovación en la economía española.

Pero ¿y los impactos económicos a largo plazo? Para responder a esta pregunta hay que atender a cómo se configura a día de hoy la elasticidad precio de los servicios que han sido gravados, es decir, considerando la simpatía y tendencia en auge del uso de los medios digitales en la sociedad española, cuánto va a disminuir la demanda de estos servicios cuando aumente su precio.

Otro de los extremos a tener en cuenta es qué alternativa escogerán los gigantes tecnológicos, sujetos pasivos de este impuesto. Podrían optar por trasladar el coste de manera parcial o total a sus clientes, o bien absorber el golpe fiscal en su totalidad disminuyendo sus márgenes de beneficios.

Los modelos económicos que se estudian a día de hoy muestran que, siempre que se inserta en el mercado un coste fiscal, termina repercutiendo negativamente en el beneficio del consumidor, ahora bien, ¿cuánto? Esto es algo que depende de los factores comentados en los dos párrafos precedentes, la cuantificación del impacto es una tarea compleja y, la mayor parte de las veces, inexacta.

Queda patente que, si las grandes empresas trasladan el coste fiscal a los precios, el proceso de digitalización de las PYMES y el crecimiento de las Startups se verá ralentizado. No obstante, lo anterior, hay que reconocer que en la actualidad la presencia en Internet es totalmente necesaria para la mayor parte del tejido empresarial español: “si no estás en Internet, no existes”. Incluso las PYMES de sectores tradicionales requieren, al menos, de una página web. Y cualquier empresa que quiera crecer, o incluso, mantenerse en el mercado, tendrá que digitalizarse. Por tanto, la propia presión del mercado y de la sociedad hacia la digitalización será un aliciente para saltar las eventuales barreras que aparezcan a causa del impuesto.

Las cuestiones clave a plantearse serán en qué medida la implantación de este impuesto será un impedimento para mantenerse en la vanguardia y en cuánto tiempo serán capaces las empresas usuarias de saltar dichas barreras.

En conclusión, todo apunta a que este impuesto finalmente terminará afectando negativamente a las PYMES y Startups, es decir, aunque el impuesto no les afecte directamente, sí que terminará configurándose como una barrera económica para seguir avanzando hacia la digitalización. No obstante, habrá que esperar para saber cómo reaccionan los gigantes tecnológicos y, conocer con mayor precisión cuál será el tamaño de dicha barrera para determinar cuántos de los potenciales clientes de los servicios gravados tendrán medios suficientes para afrontar el incremento del coste y, cuántos de ellos verán frenado su avance en el mundo digital.


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